Andrés Alencastre y Jenny Ocampo fueron declarados ‘personas no gratas’
El gobernador regional Manuel Llempén Coronel lamentó que por falta de firmeza en funcionarios y ministros que pasaron por el Midagri, principalmente el anterior, Andrés Alencastre, y la actual titular Jenny Ocampo -a quienes declaró personas no gratas para La Libertad- no se haya concretado la adenda para destrabar la III etapa de Chavimochic.
“Lamentamos que en el Midagri no hayan cumplido la decisión política y compromiso del presidente de la República y el premier para el destrabe”, señaló ante la prensa al término de una reunión con autoridades y decanos de colegios profesionales para informar sobre lo acontecido respecto al tema.
Al pasar más de una semana, pensábamos que el tribunal había aceptado la nueva ampliación solicitada, porque el plazo que dieron para que la Concedente (Midagri) solicite formalmente la ampliación -que no lo había hecho- era el lunes pasado, al mediodía, precisando que caso contrario se daría a conocer el resultado del laudo, pero pasó una semana y recién se conoció ayer que el Tribunal laudó. ¿Qué ocurrió para ello, lo desconocemos?, agregó.
Llempén recalcó que desde el inicio de su gestión insistió en el destrabe, comunicando a la comunidad a través de la prensa lo que se hacía y que cedió la titularidad de la III etapa del proyecto al Midagri, para que se acelere este proceso, pero los funcionarios y ministros de Desarrollo Agrario que tuvo en su gestión Pedro Castillo no quisieran suscribir la adenda, que estaba casi terminada y entrampaban su avance, por temor a ir presos, como dijo el presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República.
Aunque no conocemos el contenido o término del laudo, al salir el resultado el contrato se resuelve automáticamente, lo que implica que para terminar Palo Redondo y la III etapa del proyecto se tendrá que esperar 4 o 5 años más, explicó.
Lo único que sabemos es lo que ha dicho el premier en el Congreso de la República. Sabíamos que el tribunal internacional tenía el resultado del laudo listo hace algún tiempo, pero esperábamos que no se diera a conocer y reiniciar la obra, manifestó seguidamente.
En los 2 millones de liberteños había expectativa por la generación de 120 mil nuevos puestos de trabajo con las tierras que se iban a incrementar para la agroexportacion y de asegurar el agua potable para la población trujillana y la sostenibilidad de todo el proyecto Chavimochic.
La Planta de Tratamiento de Agua Potable, de propiedad del gobierno regional, solo abastece la demanda del 50% de la población, la que no recibe agua las 24 horas, y a los distritos solo llega por horas. Terminar la presa era asegurar el abastecimiento e incrementar la atención.
Reiniciar los trabajos y hacer el saldo del 30% de la presa como obra pública tomará 4 o 5 años ya que se tendrá que hacer un nuevo expediente técnico. Además, la empresa que gane el concurso para su ejecución debe hacerse responsable de todo el proyecto constructivo, lo que es muy difícil que quieran.
Por eso Llempén adelantó que propondrá al presidente de la República, Pedro Castillo, y ante el Consejo de Ministros, que el saldo de obra en Palo Redondo se haga por convenio de Gobierno a Gobierno y que se incluya en Reconstrucción ese saldo, considerando que el proyecto Chavimochic fue afectado por el fenómeno de El Niño Costero del año 2017.
También pidió la renuncia o el cambio de la ministra Jenny Ocampo por haber ido contra los intereses de los dos millones de liberteños. “Esperamos ahora un pronunciamiento concreto del Gobierno Nacional para terminar la presa. Sea cual fuere la modalidad”, enfatizó.
Sin embargo, comentó que cabría la posibilidad que la concedente y la concesionaria se pongan de acuerdo y pidan la nulidad del laudo.
Palo Redondo se estaba financiando con un préstamo de la CAF por 340 millones de dólares y en el avance del 70% de construcción de la presa y otros componentes de la primera fase de la III etapa de Chavimochic, se invirtieron 220 millones de dólares.
Al parar la obra la constructora había presentado una valorización de avances por 22 millones de dólares, lo que no se le llegó a pagar. En las negociaciones para reiniciar los trabajos y terminar la presa solo estaban pidiendo que se le pague esos 22 millones que ya estaban autorizados por la empresa supervisora luego de evaluar los avances ejecutados.
Para terminar el 30% se les debe pagar 118 millones de dólares. Eso se decía en la adenda y que la constructora no estaba exigiendo gastos generales o adicionales por la paralización de la obra. Desistieron de ello señalando que quería terminarla y cobrar el saldo, lo que era conveniente para los intereses de la región.
Trujillo, 12 Octubre, 2022
Oficina de Relaciones Públicas
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC